Nueva Ley de Extranjería, ¿un paso adelante u otra oportunidad perdida?

2022-08-19T11:31:13+02:00agosto 19th, 2022|

Por: Gerard S. Ferrando. Fotos: Pixabay

El pasado lunes, día 15 de agosto, entraba en vigor la nueva Ley de Extranjería en España. Un texto con importantes novedades para la población migrante, pero que todavía deja en el tintero muchas reivindicaciones. Entre las principales novedades, cuestiones como la nueva figura de arraigo por formación, que permitirá acceder al mercado laboral a los estudiantes extranjeros en España. Así como la eliminación de muchas de las trabas que existían para que los migrantes trabajaran por cuenta propia como autónomos.

No obstante, sindicatos como CCOO critican que no ha sido una reforma pactada con ellos, ni, al parecer, tampoco con la plataforma RegularizaciónYa. Una reforma que, una vez más, sale adelante con muchos interrogantes, con cuestiones por resolver y que dejará aún a muchas personas en el limbo que supone residir en otro país sin tener la documentación en regla, con los problemas económicos, sociales, psicológicos y hasta legales que esto puede suponer. Y todo ello en un país cada vez más envejecido, donde la mano de obra es vital en muchos sectores y donde todavía demasiadas personas trabajan sin cotizar y, por tanto, sin aportar a la Seguridad Social y al cada vez más delicado y mermado sistema de pensiones.

 

En esta línea, Isabel Barrajón, secretaria de Migraciones de CCOO PV, afirma que «Veníamos reclamando que era necesaria la reforma de la ley, pero ha resultado no solo insuficiente sino, desde nuestro punto de vista, mal enfocada».  Y agrega que «esta reforma no ha tenido en cuenta a los sindicatos de clase y, lo que resulta más preocupante, ha despreciado el papel fundamental del diálogo social en la implicación democrática de los principales actores del mundo del trabajo».

Nuevo arraigo por formación

Retener el talento en España es, al parecer, uno de los grandes objetivos de esta nueva Ley de Extranjería. De este modo, esta permitirá obtener un permiso de residencia, de 12 meses de duración, para los migrantes que residan dos años en España y se apunten a algún curso para conseguir formación laboral. Este permiso podrá prorrogarse hasta otro año más en los casos necesarios. Eso sí, tendrán más facilidades para obtener dicho permiso aquellas personas que se formen en los puestos profesionales más demandados en España. También serán válidadas las formaciones ocupacionales que imparte el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y que son gratuitas.

Los extranjeros que cuenten con residencia por estudios en España o que lleguen al país con este requisito también se verán beneficiados de esta reforma. Así, podrán compaginar los estudios con un trabajo, siempre que este no supere las 30 horas semanales. Por otra parte, cuando finalizen sus estudios se les facilitará el acceso al mercado laboral.

Cambios en el arraigo laboral y arraigo social

Las figuras de arraigo laboral y arraigo social también se ven modificadas con esta reforma legislativa. En el primer caso, las personas extranjeras, que residan dos años en España, podrán acceder a la regularización si justifican una relación laboral de, al menos, seis meses. No obstante, esto, en la práctica, significa que todavía tendrán que depender de que algún empleador se arriesgue a tenerlos, al menos, medio año, sin contrato, con las consecuencias que eso puede tener para él. Una problemática que es como la pescadilla que se muerde la cola y que dificulta que muchas personas puedan acceder a un trabajo y, por tanto, a la regularización.

Según palabra de Barrajón: «Una reforma que pretende dar respuesta a las supuestas necesidades de determinados ámbitos laborales que dicen sufrir escasez de mano de obra y que vienen alertando de la necesidad urgente de incorporación de personas extranjeras. En este sentido, desde una visión utilitarista, viene a considerar a las personas migrantes el mal menor necesario para hacerse cargo de estos sectores precarizados y atender así esas muestras de aflicción de estos lobbies explotadores: un flaco favor a la cohesión social».

Por lo que respecta al arraigo social, la principal novedad es que el contrato que se presente para solicitarla ya no se valorará tanto por su duración, sino por su adecuación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). También se pueden presentar varios contratos e incluso se puede optar al arraigo social con un trabajo de menos de 20 horas, siempre que se tengan menores a su cargo. Una medida que puede beneficiar a una gran cantidad de mujeres migrantes.

Reagrupación familiar

La nueva Ley de Extranjería también amplía las personas y reduce los requisitos para acceder a la reagrupación familiar. Por ejemplo, se flexibilizan los requisitos cuando estén afectados menores extranjeros, personas con discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad. Estas facilidades para acceder a la reagrupación familiar eran otras de las demandas históricas de los colectivos de migrantes en España. Migrantes que, en muchos casos, dejan atrás a sus parejas, a sus hijos o a sus progenitores para intentar buscar un futuro mejor para ellos, aunque sea, paradójicamente, lejos de ellos. Por tanto, facilitar esos reencuentros y reagrupaciones es una medida de justicia que, además, repercute en su bienestar a medio y largo plazo.

Precisamente, esta reagrupación familiar más laxa es una de las medidas que se celebran desde CCOO: «Valoramos positivamente algunos aspectos, como por ejemplo que la renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo tenga ahora una vigencia de cuatro años, eliminando carga administrativa y burocrática y otorgando más estabilidad a las autorizaciones. Otro elemento positivo es la ampliación de las personas beneficiarias en cuanto al arraigo familiar, y no menos importante, que las personas que puedan demostrar seis meses de relación laboral sin documentación puedan obtener autorización de residencia y trabajo», afirma Barrajón.

Migrantes autónomos y contrataciones en origen

Hasta ahora, acceder a la regularización mediante el trabajo por cuenta propia era poco más que imposible. Ahora esto puede empezar a cambiar, pues los requisitos para ello se reducen considerablemente. Fundamentalmente se basan en lo siguiente:

  1. Cumplir los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales
    para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada.
  2. Poseer la cualificación profesional legalmente exigida o experiencia
    acreditada suficiente en el ejercicio de la actividad profesional, así como en su
    caso la colegiación cuando así se requiera.
  3. Acreditar la suficiencia de la inversión prevista para la implantación del
    proyecto y sobre la incidencia, en su caso, en la creación de empleo, incluyendo
    como tal el auto empleo.
  4. Haber abonado la tasa relativa a la autorización de trabajo por cuenta
    propia.

También se mejoran y se reducen los trámites y plazos para las contrataciones en origen, aumentando y actualizando periódicamente las profesiones de difícil cobertura en España. Y también se mejoran las condiciones para la migración circular. Por otra parte, se crea la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) para agilizar los trámites.

«La reforma desaprovecha otra oportunidad de construir un modelo dialogado, integral, más centrado en los derechos y la dignidad de las personas». Isabel Barrajón, secretaria de Migraciones de CCOO PV.

Para sindicatos como CCOO «esta es una reforma precipitada e insuficiente que afecta casi exclusivamente al ámbito del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pero que no tiene en cuenta otros ámbitos también relacionados con la gestión de las migraciones en nuestro país. Por ejemplo, la situación de los consulados y las pésimas condiciones de su personal de quien depende la tramitación y expedición de los visados; o las muy colapsadas, obsoletas y mal dotadas Oficinas de Extranjería, donde se tramitan las autorizaciones de residencia; y por supuesto, ninguna de las cuestiones fundamentales que competen al Ministerio del Interior sufre modificación alguna, ya no solo la fiscalización de los expedientes y expedición de las tarjetas que documentan a las personas, sino también los cuestionados e inhumanos internamientos en los CIE, las expulsiones, rechazos, devoluciones, y un largo etc…».

En definitiva, concluye Barrajón «esta reforma desaprovecha otra oportunidad de construir un modelo dialogado, integral, más centrado en los derechos y la dignidad de las personas y no en supuestos déficits de mano de obra que lo que realmente esconden son pésimas condiciones laborales y salariales».