Por: Gerard S. Ferrando
Los sindicatos se crearon a inicios del siglo XIX en Inglaterra como un organismo para luchar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras. Es más la propia palabra, proviene del griego «síndiky», que en griego significaba el que defiende a alguien en un juicio: «protector». Con el tiempo, han evolucionado y prosperado en diferentes países, épocas y profesiones y actualmente abarcan mucho más que la mera protección ante los abusos a los trabajadores asociados.
Los sindicatos de hoy, haciendo honor a ese origen de «protector» se erigen también como protectores, garantes, guardianes de los derechos humanos en todo tipo de contextos y realidades y, de ahí, su clara vocación en la cooperación internacional. Así lo atestigua, por ejemplo, la Fundación Instituto Sindical para Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT), que cumple ya 30 años y que tiene un claro objetivo: «Disponer de un instrumento para canalizar la solidaridad y la cooperación de nuestro sindicato con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de los países menos desarrollados, así como para la educación para el desarrollo y la ciudadanía global en nuestras sociedades. Y hoy, los y las afiliadas de UGT siguen dedicando el 0,7% de su cuota sindical a la cooperación al desarrollo, tal y como decidimos en congreso en 1994”, como explica el Secretario de Política Internacional de UGT, Jesús Gallego. UN 0,7% que hace décadas que forma parte de la agenda de todo tipo de instituciones públicas locales, regionales, nacionales e internacionales pero que, a día de hoy, casi ninguna de ellas llega a cumplir.
Los sindicatos como UGT, en cambio, sí lo hacen, y no solo eso, sino que intentan ir más allá, analizar los retos a los que se enfrenta la cooperación internacional en nuestros días y para ello organizan eventos como el grupo focal: “Cooperación sindical para el desarrollo sostenible: contribución de los sindicatos de clase en el marco de la Agenda 2030”, propuesto y organizado de manera conjunta por UGT-PV y CCOO-PV junto a la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.
Por ello, Gallego destaca que hoy, “20 años después de la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde se reconocía a los sindicatos y a los empresarios como actores principales de esta cooperación, tenemos como país un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y su consecución depende de las políticas de cooperación que desarrollemos, tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel estatal y autonómico”.
La cooperación internacional como política de Estado
Él reclama que “nuestra propuesta pasa por impulsar la cooperación internacional en todas sus facetas, elevándola a la categoría de política de Estado, y en el caso de las comunidades autonómicas en su nivel equivalente, de forma que se establezcan criterios claros que den estabilidad al sector en general y, en materia de cooperación sindical, mantengan coherencia con las políticas de lo que establece un diálogo social abierto, permanente y coherente con el desarrollo humano a nivel global donde nadie se quede atrás”.
Y asevera que «los derechos Humanos son derechos universales, y todos y todas estamos obligados a guardarlos y promoverlos”.
